Reportajes ·

Los parques naturales en España: parques nacionales y parques naturales, un siglo de protección

Desde la ley de 1916 impulsada por Pedro Pidal, España ha construido una red de 16 parques nacionales y más de 130 parques naturales gestionados por las comunidades autónomas. Historia, marco legal, gestión, fauna y flora, amenazas y proyectos: todo lo que hay que saber sobre estos espacios, del Teide a Doñana.

© Heparina1985 · CC BY-SA 4.0

Definición: qué se entiende por «parque» en España

En España, la palabra «parque» abarca dos realidades jurídicas muy distintas. En la cúspide se sitúan los parques nacionales. La Ley 30/2014 los describe como espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la explotación o la actividad humana, cuya conservación se declara «de interés general del Estado». Cada uno se crea mediante una ley aprobada por las Cortes Generales, y todos juntos forman la Red de Parques Nacionales, coordinada por el Estado.

El segundo nivel agrupa los parques naturales, que dependen de las diecisiete comunidades autónomas. Derivan de la categoría genérica de «parques» definida por la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: áreas naturales que, por la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su geodiversidad, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente. Cada comunidad los declara y los gestiona conforme a su propia ley, lo que explica cierta diversidad de nombres: parque natural en castellano y en gallego, parc natural en catalán y en valenciano, parke naturala en euskera, pero también parque regional en Madrid, en Murcia y en Castilla y León, o parque rural en Canarias.

Un parque natural español no debe confundirse con un parque natural regional francés (parc naturel régional, PNR). El PNR francés se basa en una carta de desarrollo suscrita por municipios voluntarios. El parque natural español es un verdadero espacio natural protegido, dotado de un plan de ordenación de los recursos naturales y de una normativa de obligado cumplimiento. Sigue siendo, no obstante, menos estricto que un parque nacional: la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal y a menudo la caza siguen siendo posibles, dentro de los límites que fijan sus planes.

Historia: de la ley Pidal a la red de los dieciséis parques nacionales

La historia de los parques españoles empieza con un hombre, Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós (1870–1941), marqués de Villaviciosa de Asturias. Aristócrata asturiano, diputado por Oviedo y después senador, cazador y alpinista, pasó a la posteridad por la primera ascensión al Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu), en los Picos de Europa, realizada en 1904 con el pastor Gregorio Pérez, «el Cainejo». Pidal conoce el ejemplo estadounidense de Yellowstone (1872) y ve cómo los primeros países europeos se dotan de parques nacionales, Suecia ya en 1909 y después Suiza. Quiere que España tenga sus propios «santuarios de la naturaleza», a semejanza de lo que ya hace con sus monumentos.

El 31 de mayo de 1916, Pidal presenta en el Senado una proposición de ley que defiende en un discurso el 14 de junio. El texto, aprobado por las Cortes en otoño, es sancionado por el rey Alfonso XIII el 7 de diciembre de 1916 y publicado en la Gaceta de Madrid el 8 de diciembre. Esta primera ley de parques nacionales consta solo de tres artículos. Define los parques como «sitios o parajes excepcionalmente pintorescos, forestales o agrestes del territorio nacional», que el Estado debe hacer accesibles respetando la belleza natural de sus paisajes, su fauna, su flora y sus particularidades geológicas e hidrológicas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) subraya que situó al país entre los pioneros europeos de la protección de la naturaleza. Un reglamento de 1917 organiza una Junta Central de Parques Nacionales, de la que Pidal se convierte en comisario general.

Los dos primeros parques ven la luz en 1918. En julio, una ley crea el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, en el macizo occidental de los Picos de Europa, el año en que se celebraba el duodécimo centenario de la batalla de Covadonga (fechada tradicionalmente en 718, hoy más bien en 722), lugar fundacional de la memoria asturiana. Unas semanas más tarde, un real decreto de 16 de agosto de 1918 declara el Parque Nacional del Valle de Ordesa, en el Pirineo aragonés. Pidal defiende después estos territorios con vigor: en 1921 se opone por escrito a un proyecto de central hidroeléctrica en el valle de Ordesa. Por deseo propio, hoy descansa en el mirador de Ordiales, en el corazón del macizo que hizo proteger.

Por falta de medios, la ley de 1916 da lugar a pocos parques más. La administración inventa figuras más ligeras: los «sitios nacionales», figura aplicada únicamente al paraje de San Juan de la Peña (el monasterio y su monte), en Aragón, y después, por una Real Orden de 15 de julio de 1927, los «sitios naturales de interés nacional» y los «monumentos naturales de interés nacional». El geólogo Eduardo Hernández-Pacheco, miembro de la Junta, es uno de sus impulsores: en lugar de grandes parques difíciles de crear, propone proteger pequeñas muestras representativas de los paisajes del país. Varios de estos sitios siguen figurando en el inventario oficial, como la Peña del Arcipreste de Hita, cerca de Madrid (1930), o el cabo Vilán y la Estaca de Bares, en Galicia (1933). La Guerra Civil (1936–1939) y la posguerra interrumpen este impulso.

Hay que esperar a los años cincuenta para que aparezcan nuevos parques nacionales, todos en terrenos públicos de montaña o volcánicos: el Teide (decreto de 22 de enero de 1954) y la Caldera de Taburiente (decreto de 6 de octubre de 1954), en Canarias, y después Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el Pirineo catalán (decreto de 21 de octubre de 1955). La Ley de Montes de 1957 deroga la ley de 1916: los parques nacionales pasan al régimen forestal, con criterios que incorporan ya la ecología junto al paisaje.

El giro ecológico se produce en Doñana, en la desembocadura del Guadalquivir. A principios de los años sesenta, naturalistas españoles, en torno a José Antonio Valverde, y extranjeros alertan de la amenaza que pesa sobre estas marismas, refugio clave de las aves migratorias entre Europa y África. Una colecta internacional, en la que participa el recién fundado WWF, permite adquirir cerca de 6800 ha, que se convierten en la Reserva Biológica de Doñana, confiada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y a su nueva Estación Biológica de Doñana. El parque nacional se declara por el Decreto 2412/1969, de 16 de octubre. Le siguen las Tablas de Daimiel, humedal manchego (decreto de 28 de junio de 1973), y Timanfaya, en la isla volcánica de Lanzarote (decreto de 9 de agosto de 1974). Desde 1971, estos espacios dependen del ICONA, el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.

La Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos, aprobada en los últimos meses del franquismo, reorganiza el sistema en cuatro figuras: reservas integrales de interés científico, parques nacionales, parajes naturales de interés nacional y parques naturales. Es la partida de nacimiento de los parques naturales: espacios que el Estado puede declarar por simple decreto para conciliar en ellos la conservación, el uso público y las actividades tradicionales. Los primeros, según el inventario oficial, datan de 1978: el Monte Aloia en Galicia, el Lago de Sanabria en Castilla y León y el Moncayo en Aragón. La ley de 1975 obliga además a reclasificar por ley los parques nacionales existentes: Doñana (Ley 91/1978), las Tablas de Daimiel (Ley 25/1980), los tres parques canarios (leyes de 1981), Ordesa, ampliado como Ordesa y Monte Perdido (Ley 52/1982), y Aigüestortes (Ley 7/1988). Garajonay, en la isla de La Gomera, se crea directamente por la Ley 3/1981.

La Constitución de 1978 lo cambia todo. Reserva al Estado la legislación básica sobre medio ambiente y permite a las comunidades autónomas asumir su gestión. Las comunidades se apropian rápidamente de la figura del parque natural: Cataluña aprueba su ley de espacios naturales en 1985, Canarias declara la mayoría de sus parques naturales en 1987 y Andalucía crea de una vez la mayor parte de su red con su Ley 2/1989, de 18 de julio. En el ámbito estatal, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, sustituye a la de 1975. Reduce las figuras a cuatro (parques, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos) y atribuye la gestión de los parques nacionales exclusivamente al Estado.

Se abre entonces un largo conflicto competencial. Con la sentencia 102/1995, el Tribunal Constitucional anula la disposición que reservaba esa gestión al Estado. La Ley 41/1997 instaura una gestión compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, pero la sentencia 194/2004, de 4 de noviembre de 2004, establece que la gestión ordinaria de los parques nacionales corresponde a las comunidades autónomas, también en el caso de los parques situados en varias comunidades, al tiempo que avala la existencia de una red estatal coherente. El traspaso de la gestión concluye en 2011, salvo en Cabañeros y las Tablas de Daimiel, en Castilla-La Mancha, gestionados todavía por una comisión mixta Estado-comunidad autónoma. La Ley 5/2007, de 3 de abril, adapta la Red de Parques Nacionales a este nuevo reparto, y después la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, todavía vigente, refunda todo el derecho de los espacios protegidos. Por último, la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, refuerza las exigencias y el papel coordinador del Estado.

Durante estas décadas de debates jurídicos, la red crece: el archipiélago de Cabrera, en Baleares, primer parque marítimo-terrestre (Ley 14/1991); Cabañeros, en los Montes de Toledo, salvado de un proyecto de campo de tiro militar (Ley 33/1995); los Picos de Europa, que absorben y amplían el antiguo parque de Covadonga a lo largo de tres comunidades (Ley 16/1995); Sierra Nevada (Ley 3/1999); las Islas Atlánticas de Galicia (Ley 15/2002); Monfragüe, en Extremadura (Ley 1/2007); la Sierra de Guadarrama, a las puertas de Madrid (Ley 7/2013); y por último la Sierra de las Nieves, en Andalucía (Ley 9/2021, de 1 de julio de 2021), decimosexto y último parque nacional hasta la fecha. En 2018, España celebró el centenario de sus dos primeros parques; en 2019, la ampliación marina de Cabrera lo convirtió en el parque nacional más extenso del país.

Marco jurídico

El derecho de los parques españoles se basa en el reparto de competencias previsto en la Constitución de 1978: el Estado dicta la legislación básica sobre protección del medio ambiente, y las comunidades autónomas pueden establecer normas adicionales de protección más estrictas y se encargan de la gestión.

Dos leyes estatales vertebran el conjunto:

  • La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada en particular por la Ley 33/2015. Su artículo 30 clasifica los espacios naturales protegidos en cinco categorías: parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos. Su artículo 31 define los parques y prevé sus planes de gestión. Su artículo 36 exige, antes de declarar un parque o una reserva, la aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Su artículo 37 atribuye la declaración y la gestión a las comunidades autónomas, mientras que el Estado sigue siendo competente en el medio marino.
  • La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, que sustituyó a la Ley 5/2007. Fija las condiciones de declaración, la lista de actividades incompatibles, el funcionamiento de la Red de Parques Nacionales y el reparto de funciones entre el Estado y las comunidades autónomas.

Cada comunidad autónoma dispone además de su propia ley de espacios naturales, que crea sus propias categorías y organiza sus parques naturales. En total, el inventario estatal recoge una cuarentena de denominaciones de espacios protegidos, en su mayoría creadas por las comunidades autónomas. El Plan Director de la Red de Parques Nacionales, aprobado por el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, es el instrumento de planificación de mayor rango de los parques nacionales. A ello se suman las obligaciones europeas (directivas de Hábitats y de Aves, Red Natura 2000, en la que están integrados los dieciséis parques nacionales) e internacionales (Convenio de Ramsar, programa MaB de la Unesco).

Tipos de parques

En los inventarios españoles conviven varias familias de «parques»:

  • Los parques nacionales: declarados por ley de las Cortes y miembros de la Red de Parques Nacionales. Algunos se denominan «marítimo-terrestres» cuando incluyen una parte marina (Cabrera, Islas Atlánticas de Galicia).
  • Los parques naturales: principal figura autonómica, declarada por ley o por decreto según la comunidad.
  • Los parques regionales: nombre que reciben parques de la misma naturaleza en Madrid (por ejemplo, la Cuenca Alta del Manzanares), en Murcia (Sierra Espuña, Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila…) y en Castilla y León (Sierra de Gredos, Montaña de Riaño y Mampodre).
  • Los parques rurales de Canarias, como Anaga (Tenerife) o Teno, que ponen el acento en la convivencia entre la naturaleza y las actividades agrarias tradicionales.

En varios casos, un parque nacional está rodeado por un parque natural más extenso que hace de zona de amortiguación: es el modelo andaluz del Espacio Natural de Doñana o de Sierra Nevada, que reúne bajo una misma dirección el parque nacional y el parque natural.

Número de parques

A 25 de octubre de 2026, España cuenta con 16 parques nacionales. El último declarado es la Sierra de las Nieves (Ley 9/2021, de 1 de julio de 2021). Según la ficha oficial de la Red de Parques Nacionales (septiembre de 2022), abarcan 488 351,57 ha, de las cuales 391 583,85 ha son terrestres (el 0,77 % del territorio nacional) y 96 767,72 ha son marinas. Se reparten entre 12 comunidades autónomas y 20 provincias: Canarias tiene 4, Andalucía 3, y Castilla-La Mancha y Castilla y León, 2 cada una.

Para los parques naturales, la referencia es el Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, que mantiene el Banco de Datos de la Naturaleza del MITECO. En su edición cerrada a diciembre de 2025, recoge 134 espacios con la figura de «Parque Natural», a los que se suman 12 parques regionales y 7 parques rurales. Desde entonces se ha declarado al menos un nuevo parque natural, la Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor, en la provincia de Alicante (septiembre de 2026), lo que eleva el total a un mínimo de 135 parques naturales.

Reparto de los 134 parques naturales por comunidad autónoma (inventario estatal, diciembre de 2025):

  • Andalucía: 24
  • Comunitat Valenciana: 21 (22 con la Sierra de Escalona en 2026)
  • Cataluña: 14
  • Castilla y León: 14 (más 2 parques regionales)
  • Canarias: 11 (más 7 parques rurales)
  • País Vasco: 9
  • Castilla-La Mancha: 7
  • Illes Balears: 7
  • Galicia: 6
  • Cantabria: 5
  • Asturias: 5
  • Aragón: 4
  • Navarra: 3
  • La Rioja: 2
  • Extremadura: 2
  • Región de Murcia: ningún parque natural, pero 7 parques regionales
  • Comunidad de Madrid: ningún parque natural, pero 3 parques regionales

Según las superficies cartográficas del inventario, los 134 parques naturales suman unos 3,7 millones de hectáreas, casi ocho veces la superficie de los parques nacionales (cálculo realizado a partir del fichero oficial). Contando todas las figuras, el inventario recoge 1785 espacios naturales protegidos que cubren el 14,33 % del territorio terrestre. Si se añade la Red Natura 2000, EUROPARC-España estimaba en su Anuario 2023 que el 36,7 % de la superficie terrestre del país gozaba de alguna forma de protección.

Mapa

El mapa de los parques españoles dibuja dos grandes conjuntos. Los parques nacionales están repartidos para representar la diversidad de sistemas naturales del país: la alta montaña pirenaica (Ordesa y Monte Perdido, Aigüestortes), la montaña atlántica (Picos de Europa), las sierras del centro (Guadarrama), el bosque mediterráneo (Cabañeros, Monfragüe, Sierra de las Nieves), los humedales (Doñana, Tablas de Daimiel), la alta montaña bética (Sierra Nevada), las islas y los fondos marinos (Cabrera, Islas Atlánticas de Galicia) y los volcanes y bosques de Canarias (Teide, Caldera de Taburiente, Timanfaya, Garajonay). Los parques naturales, por su parte, son especialmente numerosos en Andalucía, la Comunitat Valenciana, Cataluña y Castilla y León.

Para visualizar estos espacios, consulte la página de España en el atlas, con su mapa interactivo de espacios protegidos, o el mapa del mundo de Parkavela.

Lista completa

El atlas Parkavela mantiene actualizada la lista de los parques españoles, con una ficha detallada de cada uno: localización, superficie, paisajes, clima, especies observadas, patrimonio. Dos entradas permiten recorrerlos:

Los 16 parques nacionales, por orden cronológico de primera declaración: Picos de Europa (1918), Ordesa y Monte Perdido (1918), Teide (1954), Caldera de Taburiente (1954), Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (1955), Doñana (1969), Tablas de Daimiel (1973), Timanfaya (1974), Garajonay (1981), Archipiélago de Cabrera (1991), Cabañeros (1995), Sierra Nevada (1999), Islas Atlánticas de Galicia (2002), Monfragüe (2007), Sierra de Guadarrama (2013) y Sierra de las Nieves (2021).

La lista oficial y actualizada de los parques naturales de cada comunidad autónoma la publica el Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos (véanse las fuentes al final del dossier).

Proceso de creación

La creación de un parque nacional sigue un procedimiento complejo, fijado por el artículo 8 de la Ley 30/2014. La iniciativa corresponde a las comunidades autónomas afectadas o al Gobierno; en el caso de un parque situado únicamente en el mar, corresponde solo al Gobierno. Una propuesta conjunta es aprobada por el Consejo de Ministros y por los gobiernos autonómicos, y se somete después a información pública durante al menos tres meses y a informe de las administraciones. Tras el informe del Consejo de la Red de Parques Nacionales, el Gobierno remite un proyecto de ley a las Cortes Generales, que declaran el parque.

El territorio candidato debe cumplir condiciones precisas (artículo 6): representar de forma notoria uno o varios de los sistemas naturales enumerados en el anexo de la ley, formar una superficie continua y no fragmentada de al menos 5000 ha en el caso de un parque insular y 20 000 ha en el de un parque peninsular o marino (salvo excepción justificada), no contener suelos urbanizados o urbanizables y estar en gran medida libre de aprovechamientos agrícolas, forestales, hidráulicos o extractivos.

Para un parque natural, el procedimiento depende de cada comunidad autónoma, pero sigue casi siempre el mismo esquema impuesto por la Ley 42/2007: elaboración y aprobación de un PORN, que delimita el territorio y fija las normas de uso, y declaración posterior por decreto del gobierno autonómico o por ley del parlamento autonómico. La creación de la Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor en 2026 es un ejemplo: su PORN se aprobó por el Decreto 31/2026 de la Generalitat Valenciana en febrero, antes de la declaración del parque por el Decreto 137/2026, de 11 de septiembre.

Organismos gestores

Desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 2004, la gestión ordinaria de los parques nacionales terrestres corresponde a las comunidades autónomas, que nombran a sus directores y aprueban sus Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG). Los parques supraautonómicos (Picos de Europa, Sierra de Guadarrama) cuentan con una comisión de coordinación. La ley reserva al Estado la gestión de los parques situados en aguas marinas, una categoría que todavía no tiene representantes. Cabañeros y las Tablas de Daimiel siguen siendo un caso aparte: como su traspaso a Castilla-La Mancha aún no se ha producido, los gestiona una comisión mixta entre el Estado y la comunidad autónoma.

En el ámbito estatal, el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), adscrito al MITECO, coordina la Red de Parques Nacionales. Heredero del ICONA, nace en 1995 (Real Decreto 1055/1995). Dirige los programas comunes (seguimiento ecológico, investigación, voluntariado, subvenciones), gestiona un conjunto de centros y fincas públicas de unas 120 000 ha y coordina además la Red Española de Reservas de la Biosfera. Lo rodean varios órganos: el Consejo de la Red de Parques Nacionales (órgano consultivo que reúne al Estado, las comunidades autónomas, los municipios, científicos, asociaciones y propietarios), el Comité de Colaboración y Coordinación (directores de los parques), el Comité Científico y, en cada parque, un Patronato que asocia a administraciones, cargos electos, agentes económicos y asociaciones (denominado Consejo de Participación en Andalucía).

Los parques naturales los gestionan los servicios ambientales de cada comunidad autónoma, con un director o conservador y un órgano de participación (junta rectora, patronato o consejo de participación, según la comunidad). Existen modelos singulares: en Cataluña, varios parques de la provincia de Barcelona (Montseny, Garraf, Sant Llorenç del Munt i l'Obac…) los gestiona la Diputación de Barcelona dentro de su red de parques naturales. La asociación EUROPARC-España, sección española de la federación europea EUROPARC, reúne a las administraciones gestoras de espacios protegidos y publica un anuario de referencia sobre su estado.

Financiación

La financiación de los parques descansa ante todo en los presupuestos de las comunidades autónomas, que asumen los gastos de gestión desde los traspasos. El Estado interviene a través del OAPN, cuyo presupuesto ha variado mucho: 94,4 millones de euros en 2011, 39,4 millones en 2013 tras los recortes de la crisis, y después 60,3 millones en 2023 y 2024, según el plan estratégico del organismo. Una parte de estos créditos financia subvenciones a los municipios de las «áreas de influencia socioeconómica», reguladas por el Real Decreto 1229/2005, y una convocatoria de proyectos de investigación que ha movilizado más de 15 millones de euros desde 2002.

El plan de recuperación europeo (Next Generation EU) aportó una financiación extraordinaria: el OAPN se encargó de ejecutar 349,4 millones de euros entre 2021 y 2026, de ellos 50 millones para las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales, 74 millones para actuaciones de las comunidades autónomas en los parques nacionales, 50 millones para las reservas de la biosfera y 175,4 millones en actuaciones directas. Los parques naturales recurren, por su parte, a los fondos europeos clásicos (FEDER, FEADER, programa LIFE) y, de forma más marginal, a ingresos procedentes del uso público. En mayo de 2025, el Consejo de la Red creó un grupo de trabajo sobre financiación complementaria vinculada a la afluencia de visitantes.

Funciones

La función primordial de los parques nacionales es conservar la integridad de sus ecosistemas y de sus paisajes, dejando actuar en lo posible los procesos naturales. La Red de Parques Nacionales debe constituir además una muestra representativa de los grandes sistemas naturales españoles, enumerados en el anexo de la Ley 30/2014: bosques, humedales, alta montaña, sistemas volcánicos, litorales, fondos marinos… Los parques cumplen también funciones de atención a los visitantes, educación ambiental, investigación científica y contribución al desarrollo sostenible de los municipios de su entorno.

Los parques naturales ponen más el acento en la conciliación: preservar hábitats y especies manteniendo a la vez las actividades tradicionales (pastoreo, aprovechamiento forestal, agricultura, pesca artesanal) y ordenando el ocio al aire libre. Muchos se han convertido en herramientas de desarrollo rural.

Normativa

La Ley 30/2014 declara incompatibles con un parque nacional varias actividades (artículo 7): la pesca deportiva y recreativa, la caza deportiva y comercial y la tala con fines comerciales; las presas hidroeléctricas, las nuevas carreteras, tendidos eléctricos y otras infraestructuras, salvo en circunstancias excepcionales; las minas, canteras y extracciones de hidrocarburos; y el sobrevuelo a menos de 3000 m sobre el terreno, salvo autorización o fuerza mayor. Los parques existentes disponían de seis años para adaptarse, si era necesario mediante acuerdos con los propietarios o la adquisición de derechos. Cada parque cuenta con un PRUG que establece una zonificación (zona de reserva, de uso restringido, de uso moderado y de uso especial) y regula la circulación, la acampada, el acceso a determinados lugares o la navegación.

En los parques naturales, la normativa deriva del PORN y del PRUG propios de cada espacio. Las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y cinegéticas suelen estar permitidas con condiciones, mientras que la urbanización, las nuevas infraestructuras, las extracciones o determinados deportes de motor están limitados o prohibidos según las zonas. Las normas varían de un parque a otro: antes de una visita, conviene consultar la web de la administración autonómica correspondiente.

Población y actividades económicas

Los parques españoles no son territorios vacíos. Los 16 parques nacionales tienen «áreas de influencia socioeconómica» formadas por 183 municipios que suman 1 581 993 habitantes y abarcan 1 905 894,62 ha, alrededor del 3,77 % del territorio nacional, según el OAPN. Estos municipios reciben subvenciones destinadas a compensar las limitaciones y a apoyar un desarrollo compatible con la conservación.

En los parques naturales, la economía tradicional sigue ocupando a menudo el primer plano: ganadería extensiva en las dehesas de Sierra Morena o en los puertos de montaña cantábricos, corcho en Los Alcornocales, sal en las salinas de la bahía de Cádiz o de San Pedro del Pinatar, cultivo del arroz en la Albufera de Valencia y el delta del Ebro, pesca y marisqueo en el litoral. El turismo de naturaleza, el alojamiento rural, los productos locales con marca de parque y los oficios de atención al visitante y de gestión (agentes, guías, técnicos) completan esta economía.

Turismo

Los parques nacionales se han convertido en destinos de primer orden. En 2025, según el informe anual del OAPN publicado en mayo de 2026, la Red de Parques Nacionales recibió unos 15 810 283 visitantes, un nivel históricamente alto, aunque ligeramente inferior al de 2024. El Teide sigue siendo con diferencia el más visitado (5 113 021 visitantes estimados), por delante de la Sierra de Guadarrama (2 367 200), los Picos de Europa (1 565 899), Timanfaya (1 403 875) y Garajonay (1 365 199). Estos cinco parques concentran casi tres cuartas partes de las visitas. El verano reúne el 32,5 % de las entradas anuales, mientras que los parques canarios tienen una afluencia más regular.

Esta afluencia plantea problemas de capacidad de acogida: cupos diarios en las islas Cíes (Islas Atlánticas de Galicia), lanzaderas obligatorias en temporada, permisos para subir al pico del Teide. Para impulsar un turismo más sostenible, varios parques nacionales y numerosos parques naturales han obtenido la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) que otorga la federación EUROPARC. Varios espacios están reconocidos además como «Destino Turístico Starlight» por la calidad de su cielo nocturno (Teide, Monfragüe, Aigüestortes, Islas Atlánticas de Galicia).

Biodiversidad

España es uno de los países de Europa más ricos en especies, gracias a la variedad de sus climas (atlántico, mediterráneo, de montaña, subtropical en Canarias), a su relieve y a su papel de encrucijada entre Europa y África. Los parques ofrecen una muestra notable: hayedos y robledales atlánticos de los Picos de Europa, pastos alpinos y cañones calizos de Ordesa, pinsapares endémicos de la Sierra de las Nieves y de Grazalema, encinares y alcornocales de Monfragüe y Cabañeros, marismas y dunas de Doñana, praderas de posidonia de Cabrera, laurisilva de Garajonay, pinares de pino canario de la Caldera de Taburiente, campos de lava de Timanfaya.

Sierra Nevada y Canarias cuentan con numerosas plantas endémicas que no existen en ningún otro lugar. Los humedales (Doñana, delta del Ebro, Albufera, Tablas de Daimiel, Aiguamolls de l'Empordà) son lugares de paso e invernada clave para las aves migratorias; varios figuran en la Lista de Ramsar. Según el OAPN, 11 parques nacionales son también reservas de la biosfera de la Unesco y 4 están inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial (Garajonay, Doñana, Ordesa y Monte Perdido dentro del bien hispano-francés Pirineos-Monte Perdido, y el Teide).

Especies emblemáticas

Algunas especies resumen por sí solas lo que está en juego en los parques españoles:

  • El lince ibérico, felino endémico de la península ibérica, que ha vuelto del borde de la extinción. El censo de 2024 contabilizó 2401 ejemplares en España y Portugal, de ellos 2047 en España, frente a 1111 en 2020. Doñana y las sierras andaluzas (Andújar, Cardeña y Montoro) son sus bastiones históricos.
  • El oso pardo de la cordillera Cantábrica, cuya población, repartida en dos núcleos (occidental y oriental), se estima hoy en más de 350 ejemplares según el censo genético coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades autónomas. Somiedo, Redes, Fuentes del Narcea y los Picos de Europa están en el corazón de su área de distribución.
  • El águila imperial ibérica, endémica de la península, y el buitre negro, del que Monfragüe y Cabañeros albergan importantes colonias.
  • El quebrantahuesos, presente en los Pirineos (Ordesa) y reintroducido en los Picos de Europa y en Andalucía.
  • La cabra montés y el sarrio. Ordesa vivió la desaparición de la subespecie pirenaica de la cabra montés, el bucardo: su último ejemplar, Celia, apareció muerto en el parque el 6 de enero de 2000.
  • El urogallo cantábrico y el desmán ibérico, pequeño mamífero semiacuático de los torrentes de montaña, ambos muy amenazados.
  • El flamenco común, la malvasía cabeciblanca y miles de aves acuáticas de los humedales.
  • En Canarias, el tajinaste rojo del Teide, el pino canario y la paloma turqué de la laurisilva.
  • El pinsapo, reliquia de las sierras andaluzas, y la posidonia, pradera marina de Cabrera.

Principales parques

Entre los parques nacionales destacan algunos nombres. Los Picos de Europa, herederos del primer parque de 1918, se extienden por unas 66 000 ha (66 030 ha según su plan rector de 2025) entre Asturias, Cantabria y Castilla y León desde su ampliación de 2015: calizas vertiginosas, garganta del Cares, lagos de Covadonga. Ordesa y Monte Perdido protege los cañones y los altos farallones calizos del macizo de Monte Perdido, en continuidad con el parque nacional de los Pirineos franceses. Doñana, mosaico de marismas, dunas móviles y pinares, es uno de los humedales más célebres de Europa, prolongado por el parque natural de Doñana. El Teide, en Tenerife, rodea el volcán que constituye el punto más alto de España. Sierra Nevada protege las cumbres más altas de la península ibérica y una flora endémica excepcional. Cabrera, en Baleares, es un santuario marino mediterráneo.

Entre los parques naturales, cabe citar el Cabo de Gata-Níjar, en Almería, litoral volcánico semiárido; la Sierra de Grazalema, en Andalucía, reino del pinsapo; la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, paisaje de dehesas; el delta del Ebro y la Albufera, grandes humedales mediterráneos; el Montseny, montaña refugio a las puertas de Barcelona; el Alt Pirineu, el parque natural más extenso de Cataluña; Somiedo, tierra de osos y de brañas en Asturias; las Bardenas Reales, desierto de cárcavas (badlands) en Navarra; los Arribes del Duero, cañones fronterizos con Portugal; o la Sierra y Cañones de Guara, meca del barranquismo en Aragón.

Récords

Los principales récords de los parques españoles, establecidos a partir de fuentes oficiales:

  • Los parques nacionales más antiguos: la Montaña de Covadonga (hoy Picos de Europa) y el Valle de Ordesa (hoy Ordesa y Monte Perdido), declarados en 1918.
  • El parque nacional más reciente: la Sierra de las Nieves (Ley 9/2021, de 1 de julio de 2021), unas 23 000 ha en la provincia de Málaga.
  • El parque nacional más extenso: el archipiélago de Cabrera, que pasó a unas 90 800 ha en 2019 con la incorporación de más de 80 000 ha marinas, lo que lo convierte también en el mayor parque marino del Mediterráneo occidental según el MITECO. El parque nacional esencialmente terrestre más extenso es Sierra Nevada (unas 86 000 ha).
  • El parque nacional más pequeño: las Tablas de Daimiel, 3030 ha desde su ampliación de 2014.
  • El punto más alto: la cumbre del Teide (3715 m), techo de España, en el parque nacional del mismo nombre; el Mulhacén (3479 m), la cumbre más alta de la península ibérica, se encuentra en el Parque Nacional de Sierra Nevada.
  • El parque más visitado: el Teide, con 5 113 021 visitantes estimados en 2025; el menos visitado, el archipiélago de Cabrera (69 599), cuyo acceso está regulado.
  • Los parques naturales más antiguos: el Monte Aloia (Galicia), el Lago de Sanabria (Castilla y León) y el Moncayo (Aragón), todos declarados en 1978 según el inventario estatal.
  • El parque natural más extenso: las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), unas 210 000 ha, declarado en 1986.
  • El parque natural más reciente identificado: la Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor (Comunitat Valenciana), 9004,10 ha, declarado por el Decreto 137/2026, de 11 de septiembre de 2026.

Amenazas

La primera amenaza es el agua. En Doñana, la extracción de agua del acuífero para la agricultura de regadío, en particular los cultivos de frutos rojos, y para el núcleo turístico de Matalascañas seca lagunas y marismas. El 24 de junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España (asunto C-559/19) por no haber tenido en cuenta estas extracciones ni haber impedido el deterioro de los hábitats protegidos. Tras un conflicto político en torno a una proposición de ley andaluza que habría regularizado tierras de regadío, el Estado y la Junta de Andalucía firmaron el 27 de noviembre de 2023 un acuerdo que prevé más de 1400 millones de euros de inversiones, entre ellas ayudas a los agricultores que renuncien al regadío. Las Tablas de Daimiel sufren el mismo mal, la sobreexplotación del acuífero de La Mancha Occidental, y el Comité Científico de la Red presentó en 2025 un informe sobre la situación hidrológica del parque acompañado de recomendaciones de restauración.

El cambio climático agrava estas tensiones: sequías prolongadas, retroceso de los glaciares pirenaicos (entre ellos el de Monte Perdido), desplazamiento de las especies de montaña hacia cotas más altas y mayor riesgo de grandes incendios. Los incendios de agosto de 2025 en el noroeste (León, Ourense, Asturias) afectaron a varios espacios protegidos y a hábitats del oso pardo. Otras presiones son la afluencia turística concentrada en unos pocos lugares, la urbanización del litoral en los límites de los parques naturales, las especies exóticas invasoras (el alga Rugulopteryx okamurae en el estrecho de Gibraltar, plantas ornamentales en las costas, depredadores introducidos en las islas) y la fragmentación de los hábitats por las carreteras, responsable de una parte importante de la mortalidad del lince.

Políticas de conservación

España combina varios instrumentos. La Red de Parques Nacionales aplica un programa de seguimiento común (ecológico, socioeconómico y funcional) y publica informes periódicos sobre el estado de los parques. La Ley 30/2014 (artículo 22) prevé que, si un parque nacional se encuentra en «estado de conservación desfavorable» y la coordinación no basta, el Estado pueda, con carácter excepcional y tras conceder seis meses a la comunidad autónoma para actuar, adoptar por sí mismo las medidas indispensables. Los planes de recuperación de especies amenazadas (lince, oso, águila imperial ibérica, quebrantahuesos) han logrado éxitos notables, financiados en gran parte por proyectos europeos LIFE. La Red Natura 2000, que se solapa ampliamente con los parques, exige evaluaciones de repercusiones para cualquier proyecto que pueda afectarlos.

Los parques naturales se integran en redes autonómicas de espacios protegidos, como la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que coordinan el seguimiento, la compra de terrenos y los acuerdos con los ganaderos. Los compromisos europeos (Estrategia de Biodiversidad 2030, Reglamento de Restauración de la Naturaleza) impulsan la ampliación y la conexión de estos espacios.

Nuevos proyectos

El proyecto más avanzado es el del Parque Nacional Marino del Mar de las Calmas, frente a la isla de El Hierro (Canarias). El Consejo de Ministros aprobó la propuesta el 30 de julio de 2024; abarcaría más de 24 000 ha y se convertiría en el decimoséptimo parque nacional y el primero exclusivamente marino. Incorporaría a la red un sistema natural aún no representado, el de las emanaciones gaseosas submarinas (el volcán submarino Tagoro entró en erupción en 2011), y protegería zonas frecuentadas por los zifios de Blainville y de Cuvier. Tras una primera consulta abierta en agosto de 2024 por cuatro meses y prorrogada después hasta el 9 de febrero de 2025, de la que tomó conocimiento el Consejo de la Red en mayo de 2025, el anteproyecto de ley se sometió a información pública del 2 de junio al 2 de julio de 2025. El proyecto suscita debate en la isla, sobre todo entre los pescadores. A finales de octubre de 2026, el parque aún no se ha declarado: su creación requiere la aprobación de una ley por las Cortes Generales.

Circulan otras propuestas sin estatus oficial por ahora: SEO/BirdLife defiende un parque nacional de las estepas de los Monegros, en Aragón, y un partido regionalista de Castilla y León propuso en 2026 convertir el parque regional de la Sierra de Gredos en parque nacional. Por otra parte, la red de parques naturales sigue ampliándose: la Comunitat Valenciana creó en 2026 el de la Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor, y el País Vasco inició a finales de 2025 el procedimiento de ampliación del parque natural de Aralar.

El futuro de los parques

El futuro de los parques españoles se juega ante todo en la revisión del Plan Director de la Red de Parques Nacionales. El de 2016 tenía una vigencia máxima de diez años; el MITECO abrió una consulta pública previa en 2024 y prepara un nuevo real decreto para el periodo 2026–2036. Las asociaciones conservacionistas piden que sitúe la conservación por encima de las demás prioridades, haciendo hincapié en la adaptación al cambio climático, la restauración ecológica, la recuperación del agua y la gestión de la presión turística.

Los retos son conocidos: garantizar el agua de los humedales, adaptar los bosques y la alta montaña al calentamiento, conciliar una afluencia récord con la tranquilidad de la fauna, completar el traspaso de Cabañeros y las Tablas de Daimiel y extender la protección al mar, en el marco del objetivo europeo del 30 % de espacios protegidos de aquí a 2030. Un siglo después de la ley Pidal, un primer parque nacional enteramente marino marcaría esta nueva etapa.

Fuentes y datos oficiales

Textos jurídicos y documentos oficiales:

En el atlas Parkavela:

Todos los reportajes